Critica

Critica: Arte de juzgar de la bondad, verdad,y belleza de las cosas.

jueves, 29 de julio de 2010

Enfermarse en El Salvador resulta muy caro

                                                                                                        Roberto Cañas.

Enfermarse en El Salvador es muy caro, porque que somos, el país de Centroamérica, después de Guatemala, en donde los medicamentos tienen los precios más altos.

Todos sabemos que muchas personas desmejoran su situación de salud por no poder comprar las medicinas que necesitaban  para curarse y a diario mueren personas, por no poder adquirir en las farmacias privadas, por razones económicas, los medicamentos necesarios para mantenerse saludable, tal es el caso de personas con Hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, cáncer, Sida, epilepsia, etc.

La explicación de lo caro de las medicinas es, que los que importan, producen y venden las medicinas le suben constantemente los precios teniendo únicamente como lógica para su conducta la búsqueda de la máxima ganancia. Esto es escandaloso y priva a las personas del derecho a la salud. Y todos y todas seguimos sufriendo por no poder comprar las medicinas a un precio justo y razonable.
Al seno de la Asamblea Legislativa llegó, en los últimos días de febrero, un Anteproyecto de Ley de Medicamentos, la propuesta presentada por el Ministerio de Salud Pública establece que los precios de los fármacos, tanto del sistema público, como de las farmacias privadas, deben ser regulados, o, en todo caso, tener un “techo”. Los diputados ya tienen 6 meses de haber recibido el anteproyecto de ley que está sirviendo de base para la discusión en la Asamblea y solo han avanzado en 4 artículos.
Uno se preguntará porque tanto atraso, porque no se aprueba una ley que va a beneficiar a la inmensa mayoría de la población: la respuesta es muy simple, los presidentes de los diversos laboratorios nacionales no ven con buenos ojos la iniciativa, alegan que el libre mercado no puede ser controlado. A esto se suma que los diputados de Derecha, al igual que en años anteriores, no quieren favorecer a los más pobres, y defienden de forma disfrazada las ganancias que obtienen, a costa de los bolsillos de la población, los grandes empresarios.
Durante los últimos 20 años ha sido notoria la ausencia de un marco regulador por parte del Estado, para garantizar la disponibilidad y acceso a los medicamentos para la población. Son incontables los testimonios y denuncias de falta de medicamentos en hospitales y unidades de salud, tanto del Ministerio de Salud Pública como del Seguro Social.

Hoy se trata de dotar al Estado de las herramientas e instrumentos legales para cumplir con el mandato constitucional tendiente a garantizar la salud como derecho humano. Se deben crear nuevas instancias garantes del control de calidad de las medicinas al servicio de la población.
Y de una vez por todas considerar los medicamentos como un bien público y no una mercancía que debe de estar sujeta a las leyes del mercado. Es indispensable normar y regular las excesivas ganancias que genera la comercialización de medicamentos en el país.

 LA POBLACION SALVADOREÑA SE MERECE UNA LEY INTEGRAL DE MEDICAMENTOS, CON UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, QUE GARANTICE MEDICAMENTOS DE BUENA CALIDAD, ACCESIBLES Y A UN PRECIO JUSTO Y RAZONABLE Ahora.





Lo mejor de la historia del hombre es la realización de los sueños que una vez parecieron imposibles

martes, 20 de julio de 2010

La gobernabilidad democrática que necesita el País.


Últimamente sectores de la vida nacional han afirmado que existe una amenaza contra la gobernabilidad del País. Se declaran preocupados “porque hay señales negativas y acciones  que parecieran estar orquestadas para  agravar aún más  el clima de incertidumbre, inseguridad e inestabilidad en el país”.
Nadie discute que se debe eliminar la amenaza contra la gobernabilidad del país, pero para ir entendiéndonos, es indispensable tener claridad acerca de lo que estamos hablando, pues podría pasar, que al mencionar el concepto de gobernabilidad estemos hablando de cosas diferentes.
Gobernabilidad democrática se entiende como la capacidad de una sociedad de definir y establecer políticas y resolver sus conflictos de manera pacífica dentro de un orden jurídico vigente. Esta es una condición necesaria de un Estado de Derecho, junto con la independencia de los poderes y un sistema legal que garantice el goce de las libertades y derechos –civiles, sociales, políticos y culturales– de las personas. Para ello se requiere de instituciones basadas en los principios de equidad, libertad, participación en la toma de decisiones, rendición de cuentas y, la inclusión de los sectores más vulnerables.
No es cierto que el autoritarismo y una supuesta inmunidad para los ex presidentes sea requisito para asegurar la gobernabilidad, la confianza y estabilidad. Lo que da certidumbre y estabilidad es el establecimiento de políticas públicas  que tiendan a una distribución más equitativa de los recursos materiales de la sociedad y al fortalecimiento de los medios de control de los ciudadanos sobre la manera como se administran y distribuyen los recursos públicos.
Gobernabilidad o "buen gobierno" significa entre otras cosas la garantía de que la provisión de servicios básicos como salud, educación, vivienda se realizará sobre la base de principios de equidad, honestidad y transparencia.
El desafío es asegurar una gobernabilidad a partir de un conjunto de valores éticos, que maximice las oportunidades y los beneficios. Una gobernabilidad que asuma las indispensables transformaciones sociales, en un marco de estabilidad y sustento institucional.

Para lograrlo, es indispensable una democracia efectiva y sólida que permita espacios de participación activa en los procesos económicos, sociales y culturales de todos. Se debe trabajar por un acceso sin exclusiones, de todos y para todos.

Hay que superar los obstáculos que impiden la gobernabilidad democrática como, los altos grados pobreza y  exclusión social prevalecientes, así como la persistencia de rasgos de autoritarismos del sistema político que impiden la flexibilidad necesaria para integrar y procesar de manera equilibrada las demandas de grupos sociales más necesitados.

El camino para asegurar una gobernabilidad democrática debe asumirse desde la equidad en el modelo económico; y de una integración social participativa.
Es evidente, entonces, que uno de nuestros principales desafíos es el de desarrollar estrategias que nos permitan avanzar en el establecimiento de mejores condiciones de gobernabilidad democrática. Para ello es menester consolidar los valores democráticos en nuestra sociedad e incentivar la participación ciudadana e incrementar los niveles de equidad y cohesión social en nuestro país.






La gobernabilidad democrática que necesita el País.

                       
Últimamente sectores de la vida nacional han afirmado que existe una amenaza contra la gobernabilidad del País. Se declaran preocupados “porque hay señales negativas y acciones  que parecieran estar orquestadas para  agravar aún más  el clima de incertidumbre, inseguridad e inestabilidad en el país”.
Nadie discute que se debe eliminar la amenaza contra la gobernabilidad del país, pero para ir entendiéndonos, es indispensable tener claridad acerca de lo que estamos hablando, pues podría pasar, que al mencionar el concepto de gobernabilidad estemos hablando de cosas diferentes.
Gobernabilidad democrática se entiende como la capacidad de una sociedad de definir y establecer políticas y resolver sus conflictos de manera pacífica dentro de un orden jurídico vigente. Esta es una condición necesaria de un Estado de Derecho, junto con la independencia de los poderes y un sistema legal que garantice el goce de las libertades y derechos –civiles, sociales, políticos y culturales– de las personas. Para ello se requiere de instituciones basadas en los principios de equidad, libertad, participación en la toma de decisiones, rendición de cuentas y, la inclusión de los sectores más vulnerables.
No es cierto que el autoritarismo y una supuesta inmunidad para los ex presidentes sea requisito para asegurar la gobernabilidad, la confianza y estabilidad. Lo que da certidumbre y estabilidad es el establecimiento de políticas públicas  que tiendan a una distribución más equitativa de los recursos materiales de la sociedad y al fortalecimiento de los medios de control de los ciudadanos sobre la manera como se administran y distribuyen los recursos públicos.
Gobernabilidad o "buen gobierno" significa entre otras cosas la garantía de que la provisión de servicios básicos como salud, educación, vivienda se realizará sobre la base de principios de equidad, honestidad y transparencia.
El desafío es asegurar una gobernabilidad a partir de un conjunto de valores éticos, que maximice las oportunidades y los beneficios. Una gobernabilidad que asuma las indispensables transformaciones sociales, en un marco de estabilidad y sustento institucional.

Para lograrlo, es indispensable una democracia efectiva y sólida que permita espacios de participación activa en los procesos económicos, sociales y culturales de todos. Se debe trabajar por un acceso sin exclusiones, de todos y para todos.






 Hay que superar los obstáculos que impiden la gobernabilidad democrática como, los altos grados pobreza y  exclusión social prevalecientes, así como la persistencia de rasgos de autoritarismos del sistema político que impiden la flexibilidad necesaria para integrar y procesar de manera equilibrada las demandas de grupos sociales más necesitados.

El camino para asegurar una gobernabilidad democrática debe asumirse desde la equidad en el modelo económico; y de una integración social participativa.
Es evidente, entonces, que uno de nuestros principales desafíos es el de desarrollar estrategias que nos permitan avanzar en el establecimiento de mejores condiciones de gobernabilidad democrática. Para ello es menester consolidar los valores democráticos en nuestra sociedad e incentivar la participación ciudadana e incrementar los niveles de equidad y cohesión social en nuestro país.






domingo, 11 de julio de 2010

El enemigo principal a combatir.



La pobreza, la ignorancia, la falta de empleo y de alimentos provocó que una familia de la comunidad las Cañas en Soyapango consumiera tortillas con plaguicida provocando una tragedia conmovedora.
Es imposible ser indiferente a esta realidad tan dramática, que no es monopolio de los habitantes de esta comunidad del gran San Salvador, pues más de dos millones de salvadoreños, la tercera parte de la población del país, viven en asentamientos urbanos en condiciones de pobreza, según un estudio divulgado  por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Si bien es cierto, la pobreza más severa está en las zonas rurales, la pobreza más numerosa está en las zonas urbanas, según el estudio “Mapa de pobreza urbana y exclusión social”.
No nos engañemos, uno de cada tres salvadoreños vive en condiciones de pobreza, en las comunidades marginales situadas en las ciudades de El Salvador. Si estamos claros de esta situación, no hay duda, que el enemigo principal a derrotar es la pobreza. Estamos hablando de una pobreza que no solamente es por falta de ingresos, pues hay pobreza cuando existe  carencia de recursos para poder vivir,  cuando hay falta de Salud, déficit de viviendas, desnutrición, falta Educación, en resumen  hay pobreza cuando no se tienen condiciones para tener un nivel de vida digno, así como cuando no se puede gozar del pleno ejercicio de los derechos civiles, culturales, económicos  y políticos.
Los programas que se han impulsado hasta ahora para reducir la pobreza han sido insuficientes, no han abordado, las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad económica. Y no hay todavía estrategias integrales orientadas a eliminar la persistente desigualdad en la estructura de la distribución del ingreso. No existe una política pública con la envergadura, las metas, y los plazos definidos para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades en el país.
Es necesario retomar con más fuerza los compromisos y metas que se tienen que cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecer metas, más ambiciosas. No hay excusas, es indispensable aumentar el gasto público en educación, salud, las políticas públicas en el área laboral deben buscar reducir progresivamente el porcentaje de trabajo informal y la tasa de desempleo.
Una   nueva visión del gasto social supone tener los ingresos que solo saldrán de una política fiscal progresiva, que permita al estado, tener una recaudación suficiente, para contar con un presupuesto adecuado, que administrado eficientemente este dirigido a proyectos prioritarios en términos sociales, sin corrupción,  ni despilfarro de recursos, sin falta de rendición de cuentas de dineros públicos, eliminando la sobredotación de personal, la duplicación de funciones, el uso no adecuado de bienes públicos, y la negligencia en la ejecución de los programas de combate a la pobreza.

La pobreza estructural que enfrenta el país, no se ha creado en los últimos dos años, ni mucho menos en los 11 meses del gobierno actual. Eso lo tiene claro Maurico Funes: cuando señala que la pobreza en el país se ha generado tras décadas de ausencia de políticas públicas eficientes. “En definitiva, se gestó a la sombra de la incapacidad de los gobiernos,de pagar cuenta de un fenómeno que se ha ido agravando con el tiempo. La pobreza en El Salvador tanto rural como urbana, no ha aparecido en un año, y lamentablemente tampoco desaparecerá en ese período.
Hoy a cinco años de la fecha para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, El Salvador tendrá que hacer enormes esfuerzos para lograr las metas que son necesarias cumplir, para disminuir y luego erradicar, la pobreza. Ojalá que en el Plan Cuatrienal  existan las políticas públicas para combatir a este enemigo de la Paz y la estabilidad social.





martes, 6 de julio de 2010

¿La lectura de la Biblia por obligación, garantiza que se detendrá la delincuencia?

La Asamblea Legislativa aprobó un decreto que impone la obligación de leer la Biblia en las escuelas, según los diputados que aprobaron este decreto, leer por obligación la Biblia, ayudará a la solución al problema de la violencia, conviene que reflexionemos: sobre lo correcto y efectivo de esta medida.No es correcto imponer la obligación de leer la Biblia porque no es competencia del Estado educar en la fe a los niños. Es competencia de los padres de familia y de las iglesias. Si, es deber constitucional del Estado, garantizar la libertad de culto, lo expresa el Art. 25 de la Constitución, que dice: “Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público”. Leer la Biblia por obligación en las escuelas es inconstitucional. 
No es efectivo obligar a leer la Biblia: será una tragedia para los estudiantes, pues leer como obligación, lo que logrará es vacunarlos contra la lectura: hay que tenerlo muy claro la escuela al obligar a leer, no ayuda a formar lectores, sino todo lo contrario, realiza un trabajo con el que logra que todo estudiante, de cualquier nivel, salga viendo la lectura como un mal necesario Tenemos que desconfiar de los que quieren hacer de la lectura una obligación.">Los lectores "no se fabrican en serie". La lectura de la Biblia será un enorme fracaso en la escuela porque la habremos hecho obligación.
El Presidente de la República debe vetar el decreto que impone la obligación de la lectura de la Biblia en las escuelas: por inconstitucional y porque no será efectivo en la solución del problema de la delincuencia. La Nación entera está atenta y pendiente de la decisión presidencial, Ojala que el presidente decida lo correcto. Son inaceptables para el país posiciones como: “lo que no estorba no tiene que ser impedido” o el simplemente no vetar la ley, porque: “la Sala de lo Constitucional de la Corte es la que establecerá si la ley es o no inconstitucional.
El veto presidencial, exigirá que la Asamblea reconsidere el proyecto y tenga que ratificarlo con los dos tercios de los votos, por lo menos, de los Diputados electos, para que se pueda enviar de nuevo al Presidente. La decisión está hoy en las manos del presidente.
El Presidente debe hacer un análisis profundo y tomar en cuenta las consideraciones constitucionales, jurídicas y políticas que fundamentan vetar el decreto. Hacer una serie de consultas y finalmente en su decisión deben estar en primer lugar presentes  los argumentos de orden constitucional y en segundo lugar el derecho de los niños de ser educados en la fe de sus padres.
No se puede gobernar y decidir si vetar o no un decreto en base a lo que dicen las encuestas o peor, no tomar una decisión, por el temor a perder popularidad, estos criterios son de un político, no de un estadista.
A diferencia de un simple político o gobernante de turno, el estadista es aquel que tiene suficiente poder creativo, distingue muy bien, la apariencia de la esencia. Un estadista no se deja someter por la coyuntura y los deseos autoritarios que van en contra de la razón y la ley.
El estadista es también la persona que no se siente omnipresente en todos los problemas de la realidad del país, ni autosuficiente en todas las tareas que implica la compleja realidad nacional.