Últimamente sectores de la vida nacional han afirmado que existe una amenaza contra la gobernabilidad del País. Se declaran preocupados “porque hay señales negativas y acciones que parecieran estar orquestadas para agravar aún más el clima de incertidumbre, inseguridad e inestabilidad en el país”.
Nadie discute que se debe eliminar la amenaza contra la gobernabilidad del país, pero para ir entendiéndonos, es indispensable tener claridad acerca de lo que estamos hablando, pues podría pasar, que al mencionar el concepto de gobernabilidad estemos hablando de cosas diferentes.
Gobernabilidad democrática se entiende como la capacidad de una sociedad de definir y establecer políticas y resolver sus conflictos de manera pacífica dentro de un orden jurídico vigente. Esta es una condición necesaria de un Estado de Derecho, junto con la independencia de los poderes y un sistema legal que garantice el goce de las libertades y derechos –civiles, sociales, políticos y culturales– de las personas. Para ello se requiere de instituciones basadas en los principios de equidad, libertad, participación en la toma de decisiones, rendición de cuentas y, la inclusión de los sectores más vulnerables.
No es cierto que el autoritarismo y una supuesta inmunidad para los ex presidentes sea requisito para asegurar la gobernabilidad, la confianza y estabilidad. Lo que da certidumbre y estabilidad es el establecimiento de políticas públicas que tiendan a una distribución más equitativa de los recursos materiales de la sociedad y al fortalecimiento de los medios de control de los ciudadanos sobre la manera como se administran y distribuyen los recursos públicos.
Gobernabilidad o "buen gobierno" significa entre otras cosas la garantía de que la provisión de servicios básicos como salud, educación, vivienda se realizará sobre la base de principios de equidad, honestidad y transparencia.
El desafío es asegurar una gobernabilidad a partir de un conjunto de valores éticos, que maximice las oportunidades y los beneficios. Una gobernabilidad que asuma las indispensables transformaciones sociales, en un marco de estabilidad y sustento institucional. Para lograrlo, es indispensable una democracia efectiva y sólida que permita espacios de participación activa en los procesos económicos, sociales y culturales de todos. Se debe trabajar por un acceso sin exclusiones, de todos y para todos.
Hay que superar los obstáculos que impiden la gobernabilidad democrática como, los altos grados pobreza y exclusión social prevalecientes, así como la persistencia de rasgos de autoritarismos del sistema político que impiden la flexibilidad necesaria para integrar y procesar de manera equilibrada las demandas de grupos sociales más necesitados.
El camino para asegurar una gobernabilidad democrática debe asumirse desde la equidad en el modelo económico; y de una integración social participativa.
Es evidente, entonces, que uno de nuestros principales desafíos es el de desarrollar estrategias que nos permitan avanzar en el establecimiento de mejores condiciones de gobernabilidad democrática. Para ello es menester consolidar los valores democráticos en nuestra sociedad e incentivar la participación ciudadana e incrementar los niveles de equidad y cohesión social en nuestro país.
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