A finales de mayo Hato
Hasbún y Carlos Cáceres suspiraron aliviados, se fueron a dormir tranquilos.
Faltaban 20 minutos para las 12 de la noche, la legislatura saliente, en su
última plenaria aprobaba un decreto que autorizaba la emisión de 900 millones
en títulos de deuda pública.
Todo caminaba a las mil
maravillas el Ministro de Hacienda empezaba a colocar los primeros 100 millones
de dólares en títulos, cuando la Sala de lo Constitucional, mandó a parar:
admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado por
la Asamblea Legislativa y tomo una medida cautelar: Decidió que mientras dure
el proceso de inconstitucionalidad, no podrá realizar ninguna operación
que guarde una relación directa o indirecta con la emisión y colocación de
títulos valores de crédito. Todo se derrumbó.
El gobierno central
frustrado por la decisión de la Sala de lo Constitucional comenzó a realizar
comentarios subidos de tono declarando que la intención de la Sala es
"amarrar económicamente al gobierno y que los magistrados de la Sala
responden a los intereses de la clase dominante y de ARENA, quienes buscan
imponer ataduras al gobierno para seguir invirtiendo en el pueblo”.
Más allá de la anécdota el
tema central es que el decreto de los 900 millones no rompe el círculo vicioso
del endeudamiento destinado al pago de deuda pues la mayoría de los 900 millones
servirían para pagar deuda a corto plazo, sufragar la devolución de impuestos y una parte menor del
préstamo se ocuparía en programas sociales.
Ojo, que se está
desperdiciando una buena oportunidad, de aprovechar esta coyuntura, para buscar
soluciones de fondo al problema estructural de la baja recaudación tributaria y
tomar medidas para romper círculo vicioso de endeudamiento público estéril,
donde se recurre al crédito para pagar la deuda. Que se convierte en una deuda
que nunca se deja de pagar.
El Pacto Fiscal es condición
necesaria para que El Salvador salga adelante, no hay vuelta de hoja se deben
buscar consensos: para que por el lado del ingreso se suba la carga tributaria,
se logre ampliar la base tributaria, Hay que tenerlo claro, que agotadas otras
vías de aumento a la recaudación lo que viene son más impuestos.
Es necesaria la aprobación
de la ley de responsabilidad fiscal que ayude a regular los compromisos
financieros del Estado, y logre la sostenibilidad de las finanzas públicas. En
base a principios de progresividad y equidad.
Del lado del gasto se debe
garantizar la utilización de los fondos públicos de manera eficiente, oportuna
y transparente. Hay que hacer más eficaz el gasto público, combatir la
corrupción, ser más transparentes y desarrollar un gobierno de austeridad. Todo
esto es bueno pero, se debe tener en cuenta que la mayor eficiencia del gasto
público no resuelve el problema de la insostenibilidad fiscal. El peso
del ajuste fiscal debe de estar por el lado impositivo, por el lado de los
impuestos.
Los salvadoreños debemos
exigir que se transparente el manejo de los préstamos, se evalúen los impactos
de la deuda y demandar que se apruebe la ley que regule el endeudamiento
público. Históricamente, los ciudadanos nunca hemos sido debidamente informados
sobre la deuda pública y como se paga. Hoy es el momento de crear una Auditoría
Ciudadana de la Deuda Pública pues se trata de fondos públicos que se costearan
con los impuestos que todos pagamos.
La Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública es el instrumento de control ciudadano
que permitirá primero, que los salvadoreños entendamos de manera clara cuál es
el funcionamiento de las finanzas públicas. En segundo lugar saber la
importancia de analizar la deuda, conocer quien la contrajo, cuál fue el
destino de los recursos y cuáles son las consecuencias que tiene para el país
que la deuda pública llegue a ser más del 60 % del PIB.
Hay
que empezar a quitar la idea que únicamente los economistas pueden participar
en un proceso de auditoría de la deuda, el funcionamiento de las finanzas
públicas es demasiado serio para dejarlo solo en manos del gobierno y los
economistas la Auditoría Ciudadana de la Deuda debe contribuir a popularizar el
conocimiento de la realidad financiera del país, involucrando a los diversos
sectores de la sociedad.
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